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¿Podemos fiarnos de los presupuestos generales?

PUBLICADO O 01 DE XUñO DE 2017 · (0)



MARíA CADAVAL · PROFESORA DE ECONOMíA APLICADA DA USC


Llámenme escéptica si quieren, pero no me fío del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Y parece que no soy la única. El gobierno ha hecho su trabajo y el documento se encuentra ahora en sede parlamentaria. La aritmética del Congreso obliga al partido del  ejecutivo a negociar y a aceptar enmiendas, a cambio de recabar los votos que necesita para sacar adelante las cuentas.

Más fácil lo tiene en el Senado, con mayoría absoluta, donde el éxito del trámite está garantizado, aun  con el rechazo de la oposición. Por encima de este juego de trileros que asemeja ser la discusión del presupuesto, lo único cierto es que, de aprobarse, no se hará antes de mediados de junio. Eso quiere decir que el período de ejecución durará menos de seis meses. Así las cosas, me permito afirmar que estos son unos presupuestos de transición hacia los realmente importantes, los de 2018, que el ejecutivo debiera estar elaborando y que habrán de reflejar la consolidación de la recuperación económica. Pero no adelantemos acontecimientos, ahora toca desgranar las cuentas de 2017.

El ministro de Hacienda ha sido capaz de agitar el debate presupuestario haciendo reaccionar a los presidentes autonómicos, curiosamente en la misma dirección, porque casi ninguno se ha mostrado contento. El principal instrumento de política económica en manos de un gobierno tendrá en este semestre una utilidad eminentemente política y poco económica, lo que ha suscitado recelos, aun a pesar de su carácter continuista. En principio, el cuadro macro parece reflejar bien las perspectivas de crecimiento para el ejercicio en curso, siendo estimaciones conservadoras, que fijan el avance de la economía española en un 2,5 %, por debajo probablemente de lo real.

Sin embargo llama la atención, por exagerada, la previsión del aumento de ingresos en un 7,9 %, dada la rigidez del sistema tributario. Esto quiere decir que se fía la recaudación adicional al aliento progresivo de la inflación y a los cambios impositivos previstos, sin abordar una reforma integral. Es evidente que solo con esto no basta para alcanzar tal incremento de recursos y todo parece indicar que asistimos a una amplificación de los ingresos, práctica no neutral y peligrosa que resta credibilidad y, sobre todo, introduce grandes dudas sobre la ejecución presupuestaria. Y en esto quiero detenerme.

Si atendemos a las últimas liquidaciones de las cuentas públicas estatales vemos cómo en el primer semestre de 2016 apenas se alcanzó un grado de ejecución del 20 % de la inversión prevista, y eso que el presupuesto había sido aprobado en tiempo. Al lado de este hecho constatado, a pesar de la recuperación económica, la pauperización del mercado de trabajo se traduce en unas cotizaciones a la Seguridad Social mermadas, insuficientes para pagar unas pensiones cada vez más elevadas. El acuerdo del Pacto de Toledo no llega y la Seguridad Social se mantiene con un desequilibrio que el Estado trata de paliar con un crédito de 10.192 millones a 10 años. Pero, no nos engañemos, el año que viene necesitará otro y otro más hasta que no se modifique el sistema. Además, la deuda pública es insostenible, tal y como ha afirmado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, rozando el 100 % del PIB, y estemos atentos a posibles subidas de tipos de interés. Por si fuera poco, la exigencia ineludible de mantener el objetivo de déficit en el 3,1 % requiere recortes por encima de 14.200 millones de euros. Con todo ello, en ausencia de una reforma contundente en la administración –cuya oportunidad parece perdida–, al gobierno no le queda mucha más salida que un ajuste en la inversión.

Se entiende entonces la falta de entusiasmo e, incluso, malestar autonómico ante las obras anunciadas. El capítulo VI desciende un 22,3 % de media, sobre todo en aquellas CC. AA. que no van a ser necesarias para aprobar los presupuestos. No es casualidad que las regiones donde más cae esa previsión sea la Comunidad Valencia, Andalucía, Castilla León, Principado de Asturias y Galicia, con un recorte superior al 30 % en todas ellas.

Concretamente, ¿qué está reservado para Galicia? Algo más de 920 millones de euros para infraestructuras –de los cuales un 80 % están reservados para el AVE–. Puede parecer poco, pero a lo mejor no lo es e incluso podríamos hablar de éxito si llegaran a ejecutarse en su totalidad. En una región que ha asumido sin recelos los recortes, la excepcionalidad del impasse político, etc. parece de justicia que ahora el gobierno central cumpla. Pero, una vez más, se respira desconfianza, más aun cuando el año pasado no se realizó ni la mitad del gasto presupuestado para el Tren de Alta Velocidad.

Y, como decía al principio, no parece que la escéptica sea solo yo, el presidente Feijoo declaró que va a recurrir a un instrumento de vigilancia y presión a través de la creación de un comité de seguimiento para la ejecución presupuestaria real, que debiera realizar el gobierno “amigo” de Rajoy. La conveniencia de este mecanismo está fuera de toda duda, conscientes de que, lo importante de la planificación a largo plazo no es tanto pensar en las decisiones futuras como ver en el futuro las decisiones que se hayan adoptado en el presente.



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