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La aventura de la remunicipalización

PUBLICADO O 11 DE AGOSTO DE 2017 · (0)



ISAAC GONZáLEZ PEñA · AVOGADO


Desde unos planteamientos generales favorables a lo público, los gobiernos municipales de Barcelona, Coruña, Cádiz, Santiago o Valladolid cuestionan la eficacia del sector privado como gestor y reivindican la gestión pública. La defensa de este nuevo planteamiento, frente al proceso favorable a la externalización de la gestión de los servicios de hasta hace pocos años, se sustenta en una ideología que trata de defender lo público frente a lo privado, con el argumento de que la mayor eficiencia de la gestión privada es un mito a denunciar. De esto se deriva esa voluntad de establecer de forma prioritaria la gestión directa de los servicios públicos locales: la remunicipalización.

Remunicipalizar no es más que recuperar la gestión directa de servicios públicos ya municipalizados que se están prestando mediante fórmulas de gestión indirecta. Técnicamente resultaría más preciso denominarlo “reinternalización”, pues este cambio de gestión no supone en ningún caso una nueva municipalización. Lo que se pretende es que los servicios públicos sean gestionados de forma directa por la administración titular de los mismos, no que esta actividad se convierta en servicio público, pues, en rigor jurídico, nunca han sido privatizadas, no han dejado de ser servicios públicos. No estamos ante un debate sobre qué debe ser servicio público sino sobre qué régimen es el apropiado: el de gestión directa pública o indirecta por concesión, concierto o empresa de economía mixta.

Pero conseguir esta gestión directa de los servicios públicos locales conlleva un tortuoso procedimiento administrativo que no es descabellado pensar que, en buena parte de los casos, termine en los juzgados. El camino jurídico es un laberinto plagado de obstáculos en el que existe el riesgo de quedar atrapados. No obstante, los Ayuntamientos disponen de mecanismos legales que permiten llevar a cabo esta reinternalización.

La Directiva 2014/23 de la UE reconoce la libertad de las autoridades locales para decidir la mejor forma de gestionar la prestación de servicios públicos. Misma libertad permite nuestra Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo artículo 85.2, tras la reforma por la Ley 27/2013, solo exige que los servicios públicos de competencia local sean gestionados de la forma más sostenible y eficiente. El citado artículo incluso prima esa gestión directa por la  propia entidad local, siempre que se parta de un análisis exhaustivo que evidencie la sostenibilidad y eficiencia del modelo propuesto. Por ello, el debate sobre la remunicipalización debe centrarse sobre argumentos contrastables y abordarse caso a caso evaluando, sin apriorismos, la eficacia y eficiencia de cada uno de los modelos públicos y privados disponibles.

A modo de ejemplo, el Informe del Tribunal de Cuentas sobre el Sector Público local del ejercicio 2011, evidencia las ventajas de la gestión directa de los servicios públicos de suministro de agua, recogida de basuras y limpieza viaria en municipios de menos de 20.000 habitantes, desaconsejándolo en cambio para otros servicios, como el de alumbrado público. Los informes de los interventores locales resultan también determinantes.

Y aun confirmándose la mayor sostenibilidad y eficiencia de la asunción directa, hay que ver el estado en que se encuentren las concesiones a remunicipalizar porque, de existir contrato vigente, procedería el rescate de la concesión –que la entidad local extinga la concesión antes del vencimiento del plazo estipulado, de manera unilateral, por razón del interés público y mediante la correspondiente indemnización–. Pero este rescate puede encontrase con un obstáculo añadido en el derecho comunitario ya que la Directiva 2014/23 –aún pendiente de trasposición a la normativa española pese a que se debería haber incorporado ya–, no permite modificar la gestión de un contrato en vigor por razones de oportunidad, lo que imposibilitaría esta remunicipalización. Por otra parte, nuestro ordenamiento obliga en estos casos a tramitar un expediente complejo, con audiencia de la concesionaria, en el que se debe acreditar la justificación y demostrar que tal asunción no incide –aunque sea solo inicialmente– en un mayor déficit, además indemnizar al concesionario, un elemento a considerar muy seriamente para determinar si resulta rentable el rescate.

Por eso resulta mucho más sencillo asumir la gestión directa al acabar la concesión. Sin embargo tampoco este proceder está exento de dificultades, como la dotación por parte de los gobiernos municipales de los medios personales que requerirá dicha gestión directa. Lo normal será subrogar las relaciones laborales en los términos que prevé el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que los trabajadores de la anterior concesionaria pasarían a la administración como indefinidos no fijos, pero posteriormente sus plazas deberían salir a una Oferta de Empleo Publico y deberían incorporarse de manera definitiva a la Administración a través de los procedimientos ordinarios. Esto supone un alto riesgo para los actuales empleados de la concesionaria, pues nada les garantiza que sean ellos quienes superen el proceso selectivo que necesariamente se debe convocar para cubrir de manera definitiva las plazas. Además, la remunicipalización conllevará un aumento de la carga en aparatos administrativos de dirección y prestación de los servicios públicos de los Ayuntamientos.

Asimismo para evaluar el éxito de las remunicipalizaciones que se culminen se hará preciso que los Ayuntamientos lleven un sistema de contabilidad de costes, que permita conocer el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos de competencia municipal así como realizar controles de eficiencia periódicos, pues puede resultar que tales remunicipalizaciones no sean la panacea prometida.

No podemos olvidar que, sea cual sea el régimen de gestión por el que se opte, los Ayuntamientos son siempre los garantes de la asequibilidad, igualdad, calidad y continuidad en prestación de los servicios públicos y que si en muchos casos nuestras administraciones no han sabido ejercer eficientemente sus responsabilidades de control de las concesionarias, se antoja complicado que, sin profundos cambios, puedan ser eficientes en la gestión directa de estos mismos servicios públicos. Por ello resulta aconsejable que antes de adentrase en tales laberintos las autoridades municipales analicen si tal aventura merece al pena.



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