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La Constitución, nuestra mayor garantía

PUBLICADO O 31 DE OUTUBRO DE 2017 · (0)



ISAAC GONZáLEZ PEñA · AVOGADO


Las reglas constitucionales son las que nos permiten vivir en comunidad sin temor. El enorme poder que depositamos en el Estado, poder sobre vidas y hacienda, lo depositamos con la condición de que lo ejerza siguiendo unas normas y con unos limites. Y una Constitución no es otra cosa que unas normas y límites para el ejercicio del poder por el Estado.

En el caso de Estados complejos como el nuestro, con múltiples niveles de gobierno, dichas normas constitucionales también establecen las distintas esferas de poder, ámbito de competencias y autonomía dentro de los cuales cada Autoridad ejerce el poder conferido. Las autoridades de la Generalitat de Cataluña han incumplido grave y deliberadamente dichas normas sobrepasando ampliamente los límites impuestos al plantear un proceso de secesión que supone una quiebra del orden constitucional solo equiparable a la sufrida el 23F. Ante tal actuación el restablecimiento de la legalidad, del Estado de Derecho, es un imperativo constitucional.

El mecanismo excepcional del art. 155 supone la intervención de la Autonomía catalana, pero no su derogación. Aun con el Gobierno autonómico intervenido las leyes autonómicas, las normas de las que se han dotado los catalanes en el uso legítimo de la autonomía consagrada en la Constitución, seguirán vigentes. El Govern podrá ser sustituido pero los ciudadanos de Cataluña seguirán regidos por su propio código de familia, su código civil, su ley de de pesca, su ley de cajas de ahorros, sus propias leyes de urbanismo y de política lingüística, seguirán teniendo su propio impuesto sobre sucesiones y donaciones, su propia escala autonómica del IRPF, su propia renta mínima de inserción o sus propias normas en cuanto a evaluación ambiental, seguridad industrial, obra pública, horarios comerciales, universidades, cooperativas, asociaciones, fundaciones, actividad ferroviaria, servicios sociales o servicios funerarios.

Así como ni el Parlamento de Cataluña ni Govern de la Generalitat pueden proclamar una república independiente, tampoco el Gobierno de España –ni con el respaldo del Senado  mediante el uso del art. 155 de la Constitución– puede alterar la legalidad. La Constitución garantiza a los catalanes que sus leyes propias serán preservadas. Desde tal garantía, deben ser conscientes de que la vuelta a la normalidad exige que canalicen sus demandas por los mecanismos constitucionales. En nuestro régimen constitucional nada es imposible; ni la independencia de Cataluña. Los ciudadanos catalanes que deseen la independencia deben usar los mecanismos que la propia Constitución establece para su reforma. Mecanismos como el art. 168 que permite, con el consenso de una amplia y consistente mayoría de los españoles, reformar las bases constitutivas de nuestra Constitución. Pero si renunciamos al respeto a la Ley, al Estado de Derecho, renunciamos a la democracia.

La renuncia al imperio de la Ley, a que las decisiones se tomen de acuerdo a las normas y límites preestablecidos, supone quedar a merced de la arbitrariedad de las mayorías, o de los poderes que se digan representarlas. Y esas mayorías que hoy se invocan para la independencia pueden ser invocadas para supresión de toda autonomía, o la misma partición de Cataluña. La Constitución Española no es un instrumento para la opresión del pueblo catalán sino la garantía del respeto a los derechos de todos los catalanes, incluso a los de quienes quieren saltársela.



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