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Pensiones: ¿debate real o demagogia?

PUBLICADO O 30 DE ABRIL DE 2018 · (0)



MARíA CADAVAL · PROFESORA DE ECONOMíA APLICADA DA USC


Cambiar la realidad no es locura ni utopía sino justicia. Probablemente eso es lo que ha movido a miles de pensionistas a salir a la calle recientemente. La Ley de Seguridad Social –aprobada en el año 1963– recogía que “sin acudir a la solidaridad nacional ante las situaciones o contingencias protegidas, la Seguridad Social no pasa de ser un artificio técnico sin verdadera raíz comunitaria… concebida como una tarea nacional que impone sacrificios a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos, respecto de los enfermos; a los ocupados, respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos, respecto de las familias de los fallecidos, a los que no tienen cargas familiares, respecto de los que las tienen…”. El sistema requiere de una actuación de protección, un sacrificio en forma de cotización obligatoria anterior al disfrute de la prestación y de la expresión más sólida de un pacto intergeneracional de reparto.

La economía española lleva creciendo varios ejercicios por encima del 3 %, pero por primera vez desde hace casi un siglo este progreso no se está trasladando de manera equitativa a la sociedad. La renta nacional se ha recuperado, pero su reparto se ha desvirtuado. Asistimos a una recuperación que ha hecho del crecimiento un gigante con pies de barro, cuyas brechas pueden convertirse en surcos que, combinados con la pirámide poblacional, se revela incapaz de garantizar un sistema de pensiones digno, si no se hace nada por remediarlo.

El Estado tiene ante sí dos problemas diferentes que a menudo se mezclan e introduce ruido en el debate. El primero es coyuntural, ¿se pueden subir las pensiones más de un 0,25 % si el país crece al 3 %? Probablemente sí, seguro que la presión de grupo hará que se reconsidere esta decisión, por justicia social pero también por coste electoral. Y no solo por esto, la indexación de las pensiones es moneda corriente en los países del entorno europeo que, o bien a través de la evolución de los precios (Francia, Italia o Austria), del crecimiento del PIB  (Bélgica o Portugal), o del incremento de los salarios (Dinamarca, Reino Unido, Alemania o Países Bajos), actualizan anualmente las retribuciones de sus mayores y España no puede quedarse fuera. Más aun cuando conocemos que un tercio de los pensionistas no percibe 8.208 euros brutos anuales (el 60 % de la renta mediana del país), límite que fija la OCDE como umbral de pobreza. Hay más de 3.145.000 pensionistas que no alcanzan a cobrar 684 euros al mes, proporción que en Galicia representa casi el 40 % del total de jubilados, el doble que Asturias o Aragón. Conscientes de que la radiografía de la cuantía es el reflejo de la realidad laboral, sectorial y de cotizaciones pasadas de los mayores, no deja de ser significativa, sobre todo si nos fijamos en las mujeres, a las que la misma estadística sitúa en un 60 % bajo el umbral de la pobreza. A la brecha salarial del mercado laboral se añaden años de no cotización por razones de temporalidad sectorial y muchas carreras laborales interrumpidas por la maternidad.

El segundo problema, más grave, está en la evolución estructural de las pensiones y la necesidad de aplicar las medidas necesarias que hagan sostenible el sistema. Para eso no es suficiente aportar soluciones ingeniosas tales como un impuesto a la banca o la rebaja del IRPF para compensar a los jubilados, hace falta mucho más. España tiene casi 9 millones de pensionistas, un 40 % más que en 2008 y están por llegar los de la generación del “baby boom”, que lo irán haciendo a partir de 2022 de manera masiva. El superávit de antaño –que aportó más de 14.000 millones anuales a la hucha– se ha tornado en déficit –que supera los 18.000 millones y subiendo–. Las cuentas están claras. Las cotizaciones sociales, que durante mucho tiempo han financiado gastos ajenos a las pensiones, no alcanzan ahora para financiar todo lo que se les carga, por lo que es el momento de separar las retribuciones contributivas de las que no lo son y llevarlas al gasto general –igual que se hace ya con los complementos a mínimos–. Contablemente es sencillo, lo difícil es financiarlo. No se pueden aportar soluciones simples a problemas complejos, ni tampoco convertir el sistema en una subasta, a ver quién da más.

Los políticos han de ser serios y rigurosos y el Pacto de Toledo debe volver a ser el lugar de encuentro para que no se tambalee el castillo del bienestar que tantos años se ha tardado en construir. Hay que reformar el mercado de trabajo –no puede soportar tal nivel de precariedad–, poner coto a la devaluación salarial, cambiar las cotizaciones a la seguridad social, eliminar el techo máximo de contribución, financiar las bonificaciones a las cuotas fuera del sistema y, sobre todo, cambiar desde la raíz el sistema fiscal español. Es evidente que la arquitectura fiscal ha mudado mucho durante esta década y que tanto el IRPF, el IVA y los IIEE han recuperado la recaudación previa a la crisis, pero ¿qué pasa con el Impuesto de Sociedades? Lejos está de alcanzar los 44.962 millones de euros del año 2007, 20.000 millones lo separan de aquella cifra y la razón no es solo la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Es preciso, entonces, reconsiderar el reparto de las cargas entre las rentas del trabajo y del capital y equilibrar bien para que la estabilidad social no corra riesgos innecesarios.



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