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Ni IPC, ni 0,25

PUBLICADO O 30 DE ABRIL DE 2018 · (0)



ERNESTO S. POMBO · PERIODISTA


Unos datos para la reflexión. El 46 % de los pensionistas españoles cobra menos de 736 euros al mes, o lo que es lo mismo, un total de 4,2 millones de jubilados perciben una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, situado en 735,89 euros al mes. El 63,8 % de ellos; es decir, 5,84 millones, no llegan a los mil euros. En situación de riesgo de pobreza, que el INE sitúa por debajo de los 8.209 euros anuales, se encuentran 4,72 millones de mayores de 65 años; de ellos más de 310.000 pensionistas son gallegos. Suponen el 39 %, 184.687 mujeres y 126.216 hombres que cobran menos de 8.200 euros anuales

Más datos. Los pensionistas españoles tienen un 30 % menos de poder adquisitivo que la media europea. Según Eurostat, que mide las pensiones de jubilación en Paridades de Poder de Compra, indicador que sirve para comparar el nivel de vida entre países, únicamente en Irlanda y en los países del Este los pensionistas tienen menos poder adquisitivo que en España. Nuestro país dedica el 39,27 % de su gasto social a pensiones de jubilación, 10 puntos menos que Italia y cuatro menos que Reino Unido.

Y más datos para la reflexión y para la preocupación. El 16,83 % de los pensionistas no toma los medicamentos prescritos por problemas económicos.

Con este panorama a ras de suelo y la economía y el PIB por las alturas, estamos debatiendo si hay que afrontar de una vez por todas la concesión de unas pensiones dignas que permitan que quienes hoy ya no están en el mercado laboral puedan vivir con un mínimo de dignidad y decoro. Es un debate que se viene manteniendo desde hace años pero que en las últimas semanas ha saltado a la calle –con masivas manifestaciones en toda España– y que, según parece, tiene profundamente preocupado a Mariano Rajoy, al Gobierno y al partido que lo sustenta que, como todo argumento, tienen el de “no hay dinero para tanto pensionista”.

Porque sin duda se ha ido demasiado lejos, como está ocurriendo con otros muchos asuntos a los que no se les da solución a la espera de que el tiempo los arregle. La reforma acordada para separar el incremento de las pensiones del IPC y dejarlo en un 0,25 %, y la eufórica carta enviada por la ministra a todos y cada uno de los perceptores anunciándoles subidas de 50 céntimos y un euro, han colmado la paciencia de quienes padecen serios problemas para llegar a fin de mes.

En España, como ocurre en otros países desarrollados del mundo, las pensiones de los jubilados las pagan los trabajadores que se encuentran en plena actividad. Es un sistema de redistribución generacional, donde los que tienen entre 18 y 64 años satisfacen lo que podríamos considerar una renta básica universal a los mayores de 65. La base del sistema es una promesa de solidaridad a largo plazo; los trabajadores actuales aceptan el deber de pagar las pensiones presentes esperando que sus hijos hagan lo mismo en el futuro.

Pero el sistema se ha agotado. Los años de crisis dejaron un mercado laboral exhausto, con una gran precariedad, con un paro insoportable y con unos sueldos menesterosos. Ahora mismo para hacer frente a este capítulo se precisarían 27 millones de cotizantes que no está previsto que se alcancen en los próximos diez años. Y todo ello ha llevado a destrozar la caja de las pensiones que era como una hucha, un tanto discutible pero una hucha, de la que según parece se venía echando mano.

Llegados a esta situación y ante la insostenibilidad del sistema es cuando surge el debate sobre si aplicar el incremento del 0,25 % o ligar los pagos a la subida del IPC, como hacen al menos veinte países de la UE. Pero el problema de las pensiones en españolas no está tan solo en su procedencia, las cotizaciones sociales, ni en su incremento. El problema de las pensiones está en que no garantizan una vida con dignidad a nuestros pensionistas. Después de toda una vida de trabajo la práctica totalidad de los pensionistas españoles está pasando necesidades.

Un país que se ha dejado cientos de miles de millones de euros en la corrupción; otros tantos en el rescate de cajas de ahorro, autopistas, plataformas marinas, obras sin acabar e infraestructuras inservibles; un país que concede una amnistía fiscal y que persigue tímidamente el fraude; un país que acaba de dedicar 10.800 millones de armamento y un país que sigue derrochando a manos llenas en juergas innecesarias e instituciones inservibles está debatiendo si lo que mejor conviene es el 0,25 % o el IPC.

Lo que necesita España son unas pensiones a la altura de los tiempos. Porque un país que presume de hallarse entre los más avanzados, y cuyo crecimiento económico parece ser la envidia del mundo mundial, no puede aceptar que ni un solo pensionista tenga que renunciar a acudir a una farmacia o a un supermercado.



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