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CEG: ¿crónica de una muerte anunciada?

PUBLICADO O 07 DE AGOSTO DE 2018 · (0)



MARíA CADAVAL · PROFESORA DE ECONOMíA APLICADA DA USC


En cualquier sociedad moderna tanto los empresarios como los trabajadores se organizan en una suerte de instituciones empresariales y sindicales que sirven para canalizar el diálogo social. Hasta la promulgación de la Constitución Española dos normas habían proclamado la libertad sindical como parte sustancial de la transición política entre 1976 y 1978. La Carta Magna –en los artículos 7 y 28– vino entonces a constitucionalizar esa libertad sindical, acompañada de asociaciones empresariales y del derecho de negociación colectiva bajo la premisa de que “los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios…”.

Siguiendo este mandato se creó la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en el año 1981, fruto del acuerdo entre las cuatro confederaciones provinciales. Una entidad sin ánimo de lucro, de afiliación voluntaria y estructura democrática, que se arrogó el derecho de negociación en los convenios colectivos. Se define a sí misma como una organización independiente para “el fomento de la iniciativa privada y la economía de mercado en Galicia”. Y como entidad al servicio de la comunidad empresarial centra su actividad en la “representación y defensa de los intereses generales del empresariado ante las instituciones, los organismos públicos y los agentes sociales”, que participa además como miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Nada nos llamaría la atención si los propósitos enumerados fuesen ciertos, pero a día de hoy no lo son, y casi podríamos dudar si lo fueron alguna vez.

Después del impacto de la crisis económica, quedan activas en Galicia algo menos de 200.000 empresas, un 6 % sobre el total nacional, 2 puntos menos que en 2007. La caída en el número de sociedades fue muy acusada hasta el 2015 –período en el que se perdieron más de 11.600–, año que marcó un punto de inflexión a partir del cual comenzó la recuperación, también empresarial, aunque todavía no alcanzó los niveles previos. Constatada la defunción neta de empresas y su posterior recuperación, es preciso fijarse en el tipo de sociedades que se crean, todas ellas pequeñas y sin apenas empleados. El tejido empresarial gallego se caracteriza por su pequeña dimensión –el 82 % tiene menos de dos asalariados y la mayoría no tiene ninguno–, de las más bajas de España, con un 92 % de actividades calificadas como microempresas.

Este es, precisamente, el espacio de representación que ocupa la CEG. Sus propios datos revelan que son 150.000 empresas asociadas, todas pequeñas y con el fracaso acumulado de no haber sabido atraer a ninguna de las firmas más grandes. Cada vez son menos las actividades que dejan en manos de la CEG su representación y las que quedan apenas tienen empleados. Si constatamos que la crisis ha dejado huella en el tejido empresarial gallego, no ha sido menor la herida causada en la Confederación de Empresarios, sin cabeza visible desde hace meses. Las diferencias entre el norte y el sur han lastrado las sucesivas presidencias del último lustro. La pelea constante y la confrontación interna, así como la desconfianza en la gestión económica, pueden venir a poner punto y final al monopolio representativo de la patronal, que parece querer entregar el testigo a otras organizaciones nuevas que surgen con brío. Solo falta que les pasen el testigo formal y que la Xunta las reconozca como interlocutores válidos para la negociación de los convenios laborales. En ese momento la CEG puede colgar el cartel de “cerrado por defunción”, y añado, por méritos propios.



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