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La I+D+i y la Reina Roja

PUBLICADO O 25 DE OUTUBRO DE 2018 · (0)



MARíA CADAVAL · PROFESORA DE ECONOMíA APLICADA DA USC


A finales del s. XIX Charles Lutwidge Dodgson, conocido con el seudónimo de Lewis Carroll, escribió la historia de Alicia en el país de las maravillas, que luego se vería en el espejo. Este peculiar mundo poblado por humanos y otras especies revela unos comportamientos que sirvieron de inspiración al biólogo Leight van Valen para describir “una nueva ley evolutiva”. A partir de la hipótesis de la Reina Roja (Red Queen) Valen avanzó un nuevo principio evolutivo según el cual las especies no mejoran gracias a sus progresos individuales, sino fruto de la coevolución con otras especies.

Esta teoría toma como base una metáfora extraída del diálogo entre la Reina Roja y Alicia que, recordemos, dice así:

«Alicia, corriendo sin parar, arrastrada de la mano por la Reina Roja, que gritaba “más rápido! ¡más rápido!, pensó ¿me pregunto si las cosas se están moviendo con nosotros? y la Reina, adivinando sus pensamientos, le gritó: ¡Más rápido, no trates de hablar!… Cuando pararon un momento, Alicia, sorprendida, miró a su alrededor:

—¡Creo que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo! ¡Todo está igual que estaba!

—¡Por supuesto! —dijo la Reina— ¿cómo iba a estar?

—Bueno, en mi país —dijo Alicia, aún jadeando—, si corres tan rápido durante tanto tiempo, sueles llegar a algún otro sitio…

—¡Un país bastante lento! —replicó la Reina—. Aquí, hay que correr todo lo posible para permanecer en el mismo lugar. Para llegar a otro sitio hay que correr el doble de rápido».

¿Qué pensaría la Reina si advirtiese lo que está pasando con la I+D+i en España? Pues algo parecido.

Los últimos datos publicados por la Fundación Cotec para 2016 son poco halagüeños y sitúan la inversión española en I+D+i en mínimos históricos, un 1,19 %, lejos del 1,4 % alcanzado en el año 2010. Ni siquiera hay que dejarse llevar por las cifras recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que, una vez ejecutados, reflejan que este capítulo es tan solo una declaración de intenciones, un trampantojo sin plasmación real práctica. La reserva presupuestaria estatal para el último ejercicio liquidado fue de 6.445 millones de euros, de los que se ejecutaron menos de la mitad, 3.182 millones de euros. La explicación radica no solo en un cambio cuantitativo, sino sobre todo cualitativo: se recortaron los fondos y subvenciones directas para la financiación de la investigación, a cambio de dotar presupuestariamente un incremento significativo de créditos, que ni las universidades ni otras unidades de investigación pueden solicitar por carecer de aval suficiente que garantice su devolución.

Poner la investigación en el mercado financiero es no entender nada de lo que significa, y revela el desconocimiento de que los beneficios y los costes de la I+D+i no son solo monetarios sino, sobre todo, sociales. Esta triquiñuela contable, que resultó eficiente para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal de manera poco costosa políticamente, sirvió también para que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional se pronunciasen de manera crítica sobre la regresiva y baja ejecución presupuestaria estatal en ciencia, así como por la falta de ayudas directas a lo que consideran debiera ser un objetivo fundamental de país.

La publicación de datos aislados e individuales resulta un ejercicio estéril, que se hace fértil en el momento en que avanzamos una comparativa sencilla y reveladora. La inversión media de la UE-28 en I+D+i para el 2016 alcanzó el 2,03 %, después de un incremento de casi el 30 % desde 2009; mientras en España cayó un 10 % en el mismo período, cifra que asciende al 60 % si medimos solo la caída de la inversión pública de la administración central.

¿Hemos de concluir entonces que la calidad científica de los investigadores españoles no alcanza para desarrollar estas labores? No parece ser esta la causa. Los investigadores y jóvenes egresados de las universidades están sobradamente preparados para afrontar estos y otros retos, como así lo demuestra el hecho de que más de 20.000 científicos hayan salido a desarrollar estas labores en los mejores centros internacionales de investigación del mundo.

Los atrancos son otros, algunos fácilmente corregibles con voluntad, otros más difíciles de superar, comenzando por la necesidad de crear una conciencia de apuesta por la investigación. Es evidente que los réditos políticos de esta inversión no se alcanzan a corto plazo, es una carrera de fondo que precisa de una altura de miras capaz de superar la miopía partidista, que no siempre permite hacer política de país por encima de los interese particulares. Los científicos, conscientes de que los recursos son escasos y los fines alternativos, deben contribuir haciendo un uso responsable de los mismos y complementando las aportaciones públicas con otras privadas, como sucede en otros lugares del mundo. Y aquí está el otro quid de la cuestión. No hay ninguna razón por la que, según la OCDE, España ocupe el lugar 22 de 34 en apoyo a la innovación en el sector privado. También aquí hay que revisar las políticas de innovación y sus instrumentos, así como incentivar la inversión privada a través de un entorno regulatorio, fiscal, educativo y financiero afín a la apuesta de las empresas por la I+D+i.

Resulta decepcionante comprobar las posiciones que España ha perdido en la última década, y constatar que ni siquiera ha corrido igual que los demás. Ahora, si quiere que su crecimiento económico sea sólido y sostenido en el tiempo –sin temor a que el sol deje de brillar o que sus competidores turísticos recuperen su atractivo–, tiene que corregir su velocidad. Difícilmente se llegará al objetivo de inversión del 2 % del PIB en I+D+i en 2030 pero, para aproximarse, “hay que correr el doble de rápido”. El futuro del país se lo merece.



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