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¿Está en riesgo la seguridad jurídica en España?

PUBLICADO O 21 DE NOVEMBRO DE 2018 · (0)



MARíA CADAVAL · PROFESORA DE ECONOMíA APLICADA DA USC


El diccionario de la Real Academia Española define la seguridad jurídica como la “cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación”. A los países avanzados se les supone esta cualidad y España era considerada como una de las plazas más fiables para los inversores extranjeros. Sin embargo, no corren buenos tiempos en este sentido y los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— hacen todo lo posible para mermarla. Algún botón de muestra.

Mucho se ha escrito sobre las consecuencias negativas del Brexit, que si algo tiene de positivo son las oportunidades que brinda para atraer compañías y personal cualificado en sectores tan relevantes como el financiero o el farmacéutico. Sin embargo, la inestabilidad política ha mermado muchas de esas expectativas. Está presente todavía el episodio de la Agencia Europea del Medicamento, que Bruselas decidió llevar a Ámsterdam en lugar de Cataluña tras la celebración del referéndum del 1-0. Una imagen palpable del efecto inmediato que tiene sobre el capital la más mínima desconfianza de seguridad.

Pero no preocupa solo lo extranjero. En un contexto como el actual de enfriamiento económico y fragmentación política conviene preservar la seguridad jurídica de las personas —físicas y jurídicas— españolas, que están asistiendo a un ataque indiscriminado por parte de ejecutivos que no tienen clara su hoja de ruta. Las propuestas fiscales que se han lanzado para subir el IRPF, el Impuesto de Sociedades, introducir nuevos tributos —uno sobre las transacciones financieras y otro sobre las empresas tecnológicas—, jugar con las cotizaciones sociales de determinados colectivos, etc. atacan la línea de flotación de la seguridad y cabe preguntarse con qué fundamento o rigor fiscal. ¿Alguien se está planteando en serio reformar como requiere la estructura fiscal de este país?, ¿se pagan muchos o pocos impuestos en España?

Según las últimas encuestas del CIS, nadie duda en la respuesta: el 95 % de los entrevistados considera que paga mucho más de lo que recibe del sector público, además de denunciar un elevado volumen de fraude fiscal. ¿Es cierta esa percepción? Veamos. En términos relativos la presión fiscal de España es baja (34 %) con un importante recorrido al alza hasta el 40 % de media de UE —entre el mínimo de Irlanda del 24 % y el máximo de Francia del 47 %—. Este dato no resiste, sin embargo, la comparación con los tipos impositivos de los principales impuestos españoles, que son altos y están próximos a los de sistemas más gravosos, como el galo o el alemán. Esta contradicción encuentra explicación si añadimos el indicador de esfuerzo fiscal —presión fiscal/PIB pc—, que cambia sustancialmente los resultados de la radiografía de la presión y revela que España es uno de los países desarrollados que exige mayor esfuerzo fiscal a sus contribuyentes, junto con Alemania o Noruega.

La presunta paradoja que se plantea al comparar la presión y el esfuerzo fiscal tiene una razón sencilla en forma de miles de millones de euros en recaudación posible que no llegan a materializarse porque se escurren entre los huecos de la telaraña impositiva. Las elevadas bolsas de fraude —evasión fiscal— y el amplio margen de elusión que concede el sistema tributario a algunos contribuyentes, devuelven una realidad que no se debe ocultar: los que pagan impuestos, pagan muchos impuestos; mientras otros no pagan ninguno. De esto último se deduce que la vía para incrementar la recaudación impositiva no debe ser seguir gravando a los ya gravados, sino que ha de ampliar y no reducir —como se ha hecho en los últimos años— las bases fiscales. Para ello se precisa de una reforma fiscal en profundidad, con vocación de permanencia, lejos de los retoques estéticos e inconexos que afectan a determinados tributos y que somete a los contribuyentes a una “yenka” inconveniente.

Por si fuera poco, el poder judicial no ayuda a mantener la serenidad. Recientemente el Tribunal Supremo, a través de una esperpéntica actuación, puso su grano de arena para seguir cavando en la merma de la seguridad y abonar la incertidumbre económica. La Sección III de la Sala Contencioso-Administrativo resolvió sobre un elemento esencial del Impuesto sobre Actos Jurídico Documentados, decidió eliminar el párrafo 2º del artículo 68 del Reglamento y sentó jurisprudencia al señalar como sujeto pasivo al acreedor hipotecario y no al deudor, como venía siendo desde el año 1995. Pero este giro radical apenas duró 24 horas, tocaron arrebato y el Pleno de la Sala decidió con posterioridad desdecir a la Sección y volver a la casilla de salida. La vacilación campó a sus anchas durante unos días en los que la cotización bursátil de las entidades financieras se hundió —el coste lo asumieron los pequeños accionistas—, las haciendas autonómicas comenzaron a revisar sus arcas en busca de liquidez, el Estado central preparó un mecanismo para auxiliarlas y las firmas de hipotecas se paralizaron. Todo ello para un viaje jurisprudencial de ida y vuelta en menos de 15 días, con consecuencias económicas importantes. Cuando ya parecía claro que el impuesto seguiría aplicándose igual que se venía haciendo, el ejecutivo anunció un cambio legislativo en sentido contrario al fallo judicial, disipando las dudas legislativas y señalando como sujeto pasivo al acreedor hipotecario.

No hubo lugar —bar, plaza, tertulia, aula, etc.— en el que no se hablase de esto. Los ciudadanos tienen la sensación de vivir una realidad líquida, carente de profundidad, que ayuda a erosionar y no a fortalecer los pilares de una economía que quiere ser sólida. Es preciso, pues, serenarse y dejar las prisas e impulsos legislativos para otros menesteres. La seguridad jurídica es crucial para sostener el crecimiento económico y el elemento fundamental que distingue a un país desarrollado de otro que no lo es. España debe decidir dónde quiere estar.



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