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Orden europea de protección, violencia de género y cobertura de las víctimas

PUBLICADO O 04 DE DECEMBRO DE 2018 · (0)



FUNDACIóN GALICIA EUROPA · MARíA MORGADE CORTéS


La Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección (OEP) tiene como finalidad establecer un mecanismo para el reconocimiento mutuo de las medidas de protección para las víctimas de delitos, prestando una especial atención a las víctimas de violencia de género. Fue aprobada en diciembre de 2011 y entró en vigor en enero de 2015, constituyendo esta la fecha límite para que todos los Estados miembros la trasladasen a sus respectivas legislaciones.

Teniendo en cuenta la lacra que continúa siendo a día de hoy la violencia de género en toda la UE, es especialmente relevante analizar el impacto que este instrumento de protección ha tenido. En relación a esto, en el mes de septiembre del pasado año el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó una evaluación con datos desalentadores: solo se identificaron siete órdenes europeas de protección desde su entrada en vigor (cuatro de ellas dictadas en España, dos en el Reino Unido y una en Italia), un dato más que llamativo si se pone en contraposición con el de las más de 100.000 mujeres residentes en la Unión que según estima dicho estudio están amparadas por medidas de protección relacionadas con la violencia de género.

 

Las causas que se esconden tras la evidente inefectividad de la OEP podían intuirse ya antes de su vigencia. Al ser un instrumento de reconocimiento de medidas y no de armonización,  las importantes diferencias que existen entre legislaciones la convierten en una herramienta extremadamente compleja. A modo de ejemplo, se puede citar la diferente calificación de la figura del acoso en los Estados miembros, que no en todos es considerado delito.  Otra importante causa de su falta de aplicación es la desinformación que existe acerca de la Orden entre los profesionales de la justicia y las ONG, lo que impide que llegue a las destinatarias finales, las víctimas. El hecho de que estas cuenten con información acerca de todos los mecanismos disponibles legalmente para maximizar su seguridad es un elemento clave para evitar que tengan una sensación de desprotección, la cual podría llevar a una doble victimización.

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en la Unión Europea. Se debe seguir avanzando en la lucha contra esta problemática a través de un enfoque integral que tenga la protección de las mujeres en su núcleo, como bien indica el Convenio de Estambul.  Por ello, la armonización de legislaciones dentro de la UE debe valorarse como medio para facilitar la igualitaria aplicación de medidas y para garantizar una mayor seguridad jurídica, con el fin de que todos los Estados puedan proporcionar una tutela adecuada y efectiva frente a la violencia.



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