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La UE y la responsabilidad de proteger

PUBLICADO O 26 DE MARZO DE 2019 · (0)



FUNDACIóN GALICIA EUROPA · ABEL FERNáNDEZ VIDAL


En el contexto del debate político en torno a la intervención humanitaria, Kofi Annan, secretario general de la ONU, pronunció en 2001 un discurso que dio lugar al surgimiento de la Responsabilidad de Proteger (RdP), institucionalizada en la Cumbre Mundial de la ONU de 2005.  Este concepto implica una revisión de la noción de la soberanía: implica responsabilidad (obligación inherente al concepto de soberanía, tal y como anunciaron Hobbes y Locke). Las autoridades tienen la obligación de proteger la seguridad y la vida de sus ciudadanos y de promover su bienestar, responsabilidad ejercida tanto por los actos como por las omisiones y por la que se responde ante sus ciudadanos y la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas.

La RdP abarca el compromiso de prevenir, de reaccionar y de reconstruir. La intervención militar, aun considerándose una medida excepcional y extraordinaria, se consideraría legítima en un territorio siempre y cuando la población está siendo objeto de daño humano (tales como genocidio, limpieza étnica, expulsiones forzosas, terror), a causa de la negligencia, incapacidad o maledicencia del Estado. En este punto, el debate surgió en torno a los límites de la intervención impuestos por principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional como el de soberanía de los Estados, el de no intervención en los asuntos internos de otros y el de prohibición del uso de la fuerza. A pesar del rechazo inicial de algún país, consiguió ser aprobada.

A lo largo del siglo XX, la UE se esforzó en consolidar, por la vía de la institucionalización e integración normativa, la defensa de los derechos humanos. Aunque formalmente no ha incorporado los distintos elementos de la RdP al derecho comunitario, jugó un papel activo en la Cumbre Mundial de la ONU de 2005 y la ha considerado, a través de decisiones, comunicaciones y resoluciones, un valor político de primer orden. Sin embargo, este afán normativo, no ha ido siempre ligado a la acción. El Parlamento Europeo ha instado en varias ocasiones a las instituciones de la UE a tomar medidas en conflictos en determinados países, así como al Consejo de Seguridad, no siempre con respuestas afirmativas. Ban Ki Mon lo expresaba en la conmemoración del décimo aniversario de la RdP “desde que fue adoptada la RdP, la comunidad internacional ha fallado a muchas poblaciones vulnerables”.

Junto a ello, ante la llamada crisis de los refugiados, proliferan las posiciones que abrazan las identidades nacionales y el rechazo a los inmigrantes. Una respuesta europea hostil a los extranjeros pone en entredicho sus valores.  Cabe preguntarse si la oleada de migrantes que llegan a Europa podría haber sido evitada en alguna medida si Europa hubiera ejercido adecuadamente y a tiempo la RdP en los Estados fallidos de donde aquellos provienen y donde se ven sometidos a unas condiciones que les impulsan a la huida generalizada.

En suma, la UE tiene la obligación moral, política y humana de pronunciar una respuesta a la crisis de los refugiados, y a situar los derechos humanos y la RdP en el centro de sus políticas.  En propias palabras de la Canciller alemana Angela Merkel “si Europa fracasa en la cuestión de los refugiados, si se rompe el estrecho lazo con los derechos civiles universales, ya no estaremos ante la Europa a la que aspirábamos”.



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