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¿Y después del 10 N qué?

PUBLICADO O 07 DE OUTUBRO DE 2019 · (0)



MARíA CADAVAL · PROFESORA DE ECONOMíA APLICADA DA USC


Tras las elecciones legislativas en Portugal, en las que se impuso con rotundidad –aunque sin mayoría absoluta– el socialista Antonio Costa, se constata que los portugueses apuestan por un gobierno fortalecido que aporte estabilidad. Esa es, precisamente, la palabra que ha permitido obrar el cambio andado en el país vecino. El pragmático y hábil negociador António Costa afirmó en su campaña que “no somos milagreiros, somos un goberno responsable”. Y precisamente responsabilidad es lo que parece faltar en los políticos españoles.

No merece la pena pararse a discutir si a los portugueses les gustó o no la “geringonça”, pero lo cierto es que las dos últimas legislaturas han hecho cosas que permitieron mudar su modelo productivo. Tras el asentamiento de las bases de la estabilidad en las grandes variables macroeconómicas de la mano Passos Coelho, el socialdemócrata Costa tuvo margen para compensar la elevada devaluación interna con políticas sociales de calado que fueron poniendo una de cal y otra de arena al devenir económico. El impulso del turismo -con sus luces y sombras-, la atracción de inversión extranjera y, sobre todo, la potenciación de su sector exterior ha marcado el rumbo de lo que quiere ser Portugal. Su crecimiento se alinea con el de la zona euro, la tasa de paro ha caído por debajo de la eurozona, el superávit presupuestario trimestral es un hecho, la reducción de la deuda pública también, pero sin duda, su apuesta clara por el sector de la innovación será lo que marque el carácter diferencial a futuro. No es casualidad que Google haya instalado en Lisboa su centro tecnológico para Europa, Oriente Medio y África, o que BMW y Mercedes hayan decidido ubicar sus respectivos centros digitales en el país galo, al igual que Bosch, Siemens o Vestas. Las reformas estructurales han trazado una hoja de ruta mirando al futuro más que al pasado de un arcaico sector industrial clásico.

Y, mientras tanto, los cálculos políticos en España siguen haciéndose en clave estrictamente electoral. La convocatoria de cuatro elecciones generales consecutivas en menos de cuatro años es la evidencia de que falta visión estratégica y de país. La inercia y los vientos de cola han conseguido que el crecimiento fuese positivo, pero los deberes están por hacer y a medida que se instale la desaceleración económica va a ser más difícil abordarlos. No parece que haya mudado la estructura de modelo económico, ni que el país se esté preparando para la transición energética que ya está aquí. La necesaria descarbonización ha cogido por sorpresa a más de uno con el anuncio de cierre de Endesa (As Pontes), o de Naturgy (en Meirama), pero lo grave no es solo eso sino la falta de un modelo alternativo que pueda compensar estos y otros cierres en los próximos meses. La educación sigue esperando su turno para ser el elemento diferenciador y de competitividad de los trabajadores españoles, cuando otros países del entorno llevan tiempo apostando por un modelo de FP dual o dedicando buena parte de los recursos a la investigación, desarrollo e innovación. Y todo ello a la espera de la anunciada reforma fiscal verde que, o se hace de manera integral, o no será tal.

Ni el Informe Lagares (2014) para la reforma del sistema tributario español, ni el Informe para la reforma de financiación autonómica (2017) han tenido éxito a la hora de colarse entre las prioridades de los partidos que protagonizan la contienda electoral. Es urgente echar mano de un sistema fiscal justo entre todos los españoles, que reparta con equidad y no permita los grandes desajustes que se están produciendo en los impuestos sobre la renta o el patrimonio. Así, por ejemplo, mientras en la última década el número de multimillonarios –aquellos con un patrimonio por encima de los 30 millones de euros– se ha multiplicado por 3, el número de contribuyentes por el Impuesto de Patrimonio se ha reducido a 1/3, gracias en parte a que el 67 % se refugian en la Comunidad de Madrid, que ha decidido no gravarles. Se ve que los agujeros por los que se cuela la recaudación potencial de los impuestos más redistributivos no se reduce, se ensancha.

Hoy en día la dicotomía eficiencia y equidad se ha demostrado que no es tal. Para crecer con solidez se precisa no solo aumentar el tamaño de la tarta sino también repartir mejor los trozos. Para ello hay que evitar que los gobiernos regionales –por acción y omisión– permitan las prácticas elusivas que conducen a una competencia fiscal estéril y, en su lugar, se llegue a un consenso fiscal en el que prime no solo la eficiencia sino también la equidad a nivel vertical y horizontal. Los que supieron recomponer los estados después de la II Guerra Mundial lo tenían claro, ¿lo tendrán también los llamados a mantener el Estado del Bienestar en el s. XXI? De momento está por ver.



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