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Lo caro sería no hacer nada

PUBLICADO O 20 DE NOVEMBRO DE 2019 · (0)



MARíA CADAVAL · PROFESORA DE ECONOMíA APLICADA DA USC


En unos días Madrid acogerá la COP25 o cumbre del clima de Naciones Unidas, después de que Chile renunciase a ser el anfitrión tras la situación de inestabilidad y tensión en la que vive inmerso el país. Nunca hasta ahora España había acogido una cumbre del clima, que se antoja clave para acabar de cerrar el reglamento de desarrollo del Acuerdo de París contra el calentamiento, del que Estados Unidos amenaza con descolgarse.

Las dos terceras partes de los gases con efecto invernadero que se generan en el mundo se corresponden con las emisiones de dióxido de carbono (CO2). El modelo económico que se fraguó después de la Segunda Guerra Mundial fue decisivo para que estas emisiones se hubiesen multiplicado por ocho en el último medio siglo, de los cuales China, EE.UU., Europa e India son responsables de la mitad. El origen de esta contaminación procede fundamentalmente del uso del carbón y del petróleo para la producción industrial y el transporte y, para frenar el calentamiento global, es imprescindible sumar el compromiso del mayor número de naciones y conseguir que los recortes en las emisiones de CO2 sea una cosa de todos, también de los que más contaminan, con frecuencia los más reticentes a comprometerse con los compromisos del Acuerdo de París.

Robert Watson, expresidente del panel de científicos asesores de la ONU, ha advertido que solo el 20 % de las medidas adoptadas por los casi 200 países que se han comprometido a cumplir con París son suficientes para responder de sus compromisos. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, afirmó que estamos perdiendo la batalla porque la carrera hacia el cambio climático avanza más rápido que nosotros. Parece urgente emprender cambios de alcance en todos los estratos de la sociedad porque el lugar es aquí y el momento es ahora.

Desde una perspectiva económica, más allá de lo que habitualmente se cree, las medidas necesarias para articular el cambio de modelo pueden tener efectos muy positivos sobre el crecimiento, como así lo recoge un reciente informe del Eurofound, que ha cuantificado para Europa que la transición hacia una economía descarbonizada lleva aparejados el incremento de inversiones y el menor gasto en importaciones de combustibles fósiles, que por si solos harán crecer el PIB europeo un 1,1 % en la próxima década, lo que se traducirá en un incremento de dos millones y medio de empleos gracias al impulso de las energías renovables.

¿Y qué hay de lo nuestro? Para España el balance pinta también positivo en términos de empleo. El mismo Eurofound cuantifica en 200.000 los nuevos puestos de trabajo relacionados con el desarrollo de las estructuras de energías renovables, nuevas inversiones y un saldo positivo de la balanza comercial ante la reducción de la dependencia energética. Para el caso concreto de Galicia el panorama es también halagüeño pero incierto. En el contexto actual la comunidad produce el 5 % del total del PIB español, para lo que precisa emitir más del 15 % de los gases contaminantes a la atmósfera, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, de los que la mitad se genera por las centrales de producción eléctrica.

No se precisan muchos más datos para concluir que la transición energética es una necesidad que viene plagada de riesgos, pero también de grandes oportunidades. Sin prisa, pero sin pausa, la transición no es sinónimo de cambio abrupto, sino de tránsito desde un modelo arcaico y caduco a otro sostenible y con futuro. En este proceso hay costes e, inevitablemente, perdedores. Pero si se hace bien, habrá ganadores. La descarbonización tendrá un resultado conjunto positivo para la economía, el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Para maximizarlos es necesarios redistribuir sus efectos de manera entre todos, lo que ayudará también a que las reticencias al cambio sean menores. El mayor coste sería, sin duda, no hacer nada.



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