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No sin Europa

PUBLICADO O 22 DE ABRIL DE 2020 · (0)



MARíA CADAVAL · PROFESORA DE ECONOMíA APLICADA DA USC


La pandemia sanitaria que asola el mundo requiere de unas medidas de contención que acarrean consecuencias económicas inusitadas. El mundo entero está sufriendo un desplome de su economía solo comparable con una guerra o una gran depresión, con la diferencia de que, en este caso, ni la caída ni la recuperación tienen un espejo en el que mirarse. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho una primera previsión de la contracción, que deberá ir ajustando a medida que la incertidumbre sanitaria deje paso a alguna certeza, en la que augura que la depresión mundial alcanzará el 3 %, con caídas mucho mayores en las economías avanzadas de los países de la eurozona y, de manera particular, en España. La contracción del PIB español será de las mayores de la UE, un 8 % si la pandemia remite en la segunda mitad del 2020 o un 11 % en un escenario de rebrote de la COVID-19 antes de que finalice el año. Además, el FMI proyecta un aumento del paro hasta rozar el 21 % y una deuda pública por encima del 110 % del PIB. La información está todavía incompleta y el nivel de incertidumbre es tal que puede ser así o de otra manera, lo único seguro es que el golpe será duro y el inicio de la recuperación está pendiente de que pueda asegurarse la inmunidad de grupo.

En este punto cabe preguntarse ¿cuál es la capacidad de resilencia de la economía española?, es decir, ¿tiene la economía española capacidad para asumir las repercusiones de esta crisis? Los primeros datos conocidos de desempleo y de caída de actividad arrojan la evidencia de la vulnerabilidad del tejido productivo y del mercado laboral, fruto del modelo de recuperación con pies de barro que se adoptó tras la crisis de 2008, que se apoyó en servicios de bajo valor añadido. Por si esto fuera poco, las cuentas públicas no están saneadas ni preparadas para esta recesión. Cuando aún no se había alejado la presencia de la lupa de la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento del déficit y la deuda, la consolidación fiscal española se revela inconclusa y, lo que es peor, se fraguó a través de una receta controvertida de incremento de ingresos y reducción de gastos coyunturales, que mantiene el déficit estructural por encima de lo recomendable y deja al Estado en una posición muy vulnerable ante este shock. Llueve sobre mojado y para no ahogarse es preciso el salvavidas europeo.

Tras el coma inducido al que se ha sometido a la economía, la esperanza está puesta en una recuperación en V, es decir, un rebote de la misma magnitud que la caída, aunque no parece creíble que vaya a ser así para España, sino más bien adoptará forma de U, una recuperación lenta pero mejor que la que dibujaría una L, el peor supuesto posible. Es evidente la incapacidad ortodoxa que el presupuesto público tiene para dar respuesta a las consecuencias de la COVID-19, pero no puede servir de excusa para la inacción. Ahora más que nunca es precisa la solidaridad que garantice que nadie se quede atrás. Las medidas nacionales y supranacionales han de permitir no solo desplegar un colchón que amortigüe la caída sino, sobre todo, ser el trampolín que impulse la recuperación.

En este sentido la UE ha tejido una red con tres puntos de apoyo: uno para los gobiernos, a través del Mecanismo de Estabilidad MEDE (240.000 millones de euros); otro para las empresas, 200.000 millones de euros a través del BEI y un paquete de ayudas para los trabajadores a través del Fondo de Reaseguro Sure (100.000 millones de euros). Todos ellos son créditos que tanto los estados como las empresas han de devolver, eso sí en condiciones y plazos especiales adaptados a las circunstancias, lejos de las duras condiciones impuestas en la crisis del 2008. Tras los titubeos iniciales y la insatisfacción de los países del sur por la no aprobación de “coronabonos”, esta vez la Unión ha reaccionado de manera ágil para respaldar la financiación de la gestión inmediata de la crisis, lo que no será suficiente para encarar la recuperación. La mirada ahora debe dirigirse hacia el presupuesto europeo del período 2021-2027 a través del que la Unión puede –y debe– acometer un programa de reconstrucción común para lo que es preciso un “acuerdo sobre el aumento masivo del presupuesto europeo” como dice Junquer, expresidente de la Comisión. Esto requiere nuevos recursos fiscales entre los cuales no se puede contar con mayores aportaciones de los países miembros, sino que es la oportunidad para implantar un impuesto digital a nivel europeo y avanzar tributariamente en la senda de la Agenda Fiscal Verde. Si la recuperación se planifica, consensúa y organiza con un enfoque adecuado no será quimera seguir pensando en la pervivencia del Estado de Bienestar europeo.



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