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Renta mínima y picaresca

PUBLICADO O 25 DE XUñO DE 2020 · (0)



PEPE CASTRO · PERIODISTA


El Ingreso Mínimo Vital (IMV) garantiza que 850.000 familias 16.000 en Galicia en situación de pobreza severa perciban una ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Son 2,3 millones de personas que el Estado debe atender por razones humanitarias. Es de justicia redistribuir la renta para erradicar la pobreza de los más desfavorecidos. Pero las circunstancias que concurrieron en el nacimiento “exprés” de esta renta mínima merecen unas anotaciones.

Una. Escuchando a los ministros, parece que este Gobierno es el inventor de las ayudas sociales. Es verdad que no existía una “renta social estatal”, pero hace 30 años que las autonomías vienen ayudando a los ciudadanos más vulnerables con prestaciones y subsidios. Galicia tiene la Renta Básica de Inclusión Social (Risga) y otras diez líneas de ayuda a los más desfavorecidos

Dos. Pese a tan larga experiencia autonómica, el Gobierno crea esta nueva figura del IMV que implica una gran carga administrativa por su complejidad. ¿Por qué no acordó con las comunidades la transferencia de los 3.000 millones de euros para complementar sus rentas de inclusión que llevan años gestionando con acierto? Tampoco es normal que el Gobierno transfiera la gestión de esta renta a País Vasco, Navarra y Cataluña, y no haga lo mismo con Galicia y demás autonomías, que tienen la misma capacidad para gestionarla.

Tres. El IMV responde al “alma social” del Gobierno que Sánchez e Iglesias capitalizaron a la carrera, a ver quién llegaba antes. ¿Y dónde está el “alma económica” del ejecutivo que se ocupe de impulsar la actividad y la generación de riqueza y empleo, que es el sustento de esta prestación multimillonaria y el mejor escudo social para salir de la crisis? Por cierto, con la euforia de esta conquista social, presidente y “copresidente” no dijeron una palabra sobre el drama de los trabajadores de Nissan y los despidos de Alcoa, que era actualidad aquel mismo día del mes de mayo.

Cuatro. “Piensa mal y acertarás”, aconseja un dicho castizo. La creación “exprés” del IMV como ayuda estructural viene para quedarse, y no coyuntural asociada a la pandemia, seguro que desincentivará la búsqueda de empleo y acrecentará la economía sumergida en línea con la picaresca española.

Todos conocemos muchos ejemplos. Como el de una familia que en un proceso de selección para el trabajo en su casa entrevistó a cinco candidatas. La primera y la segunda rechazaron el empleo porque cobraban la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga); la tercera cobraba el paro y la cuarta percibía ayudas de emergencia social para alimentos, ropa… La quinta, al fin aceptó el trabajo.

En la economía sumergida es un clásico cobrar la ayuda familiar “¡vaya miseria!”, decía un perceptor y hacer “trabajitos en negro para tener algo más de ingresos” que en la práctica son tantos trabajitos que permiten llevar una vida de ciudadano acomodado.

Cinco. Y será un instrumento de clientelismo político a beneficio de los dos partidos del Gobierno. Den por hecho que PSOE y Podemos ya tienen dos mensajes dirigidos a pensionistas y beneficiarios del IMV para la campaña electoral en la que Sánchez e Iglesias dirán al unísono: “¡Cuidado! Si viene la derecha os va a rebajar las pensiones y a quitar el IMV”. La renta mínima va a ser utilizada como el PER que engrasó largos años al socialismo andaluz y ahora garantizará un buen saco de votos a los partidos coaligados. Al tiempo.



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