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¿Y tras el 12-J, qué?

PUBLICADO O 09 DE XULLO DE 2020 · (0)



MARíA CADAVAL · PROFESORA DE ECONOMíA APLICADA DA USC


La pandemia de la COVID-19 irrumpió en un momento de transición silenciosa de la economía gallega. La crisis industrial acechaba ya, con una desaceleración suave y con algunos problemas estructurales que ahora se aceleran. A nivel macroeconómico, las medidas adoptadas por los principales Bancos Centrales y Estados priorizaron –acertadamente– la liquidez y el mantenimiento del empleo sobre todo lo demás. Las ayudas paliativas para mitigar la pobreza como el ingreso mínimo vital –una generalización de la RISGA– eran una necesidad, igual que lo era la extensión de los ERTE, los créditos ICO, las subvenciones, o los planes de estímulo nacional y regional como el Plan de Reactiviación y Dinamización de la Economía de Galicia, los créditos a empresas o las vacaciones fiscales hasta el 1 de noviembre en los impuestos autonómicos. Todo eso está muy bien para poner vendas a una herida que es grave, pero sus consecuencias a largo plazo se traducirán en elevadas facturas de deuda que pesarán sobre los hombros de las generaciones futuras –salvo quita parcial que no se debe descartar–. Entonces, ¿de qué manera puede cicatrizar ?

Cualquier economía que pretenda maximizar el bienestar social de sus ciudadanos ha de procurar crecer y crear empleo. Es habitual ver cómo la inercia de las instituciones actúa muchas veces como agravante de las crisis y los desafíos pendientes, pero ahora hay que afinar y adaptar la respuesta a la nueva situación, porque el gasto público no puede seguir siendo sostén de las actividades del pasado, sino que ha de servir como palanca de dinamización para alentar la transformación productiva.

Las elecciones del 12-J llegan justo en el momento en el que Galicia ha de recalcular su proyecto e incluirlo en los planes presupuestarios que se discutan a partir de septiembre, con un objetivo claro: activar la economía, frenar la salida de población, aumentar el peso de la industria al tiempo que reducir las emisiones contaminantes –que a día de hoy están muy por encima de lo que le corresponde según PIB, representan un 12 % del total nacional–.

La ambiciosa estrategia europea de transformación económica hacia los objetivos y metas establecidas en los acuerdos de París para 2050 pasan por un avance en la descarbonización, con un modelo energético y de transporte sostenible, en base al New Green Deal, al que se vinculan planes diferenciados y coordinados. Por primera vez en mucho tiempo, la UE tiene una visión global para articular transversalmente en todas las ramas de actividad y sectores, con mecanismos regularizados que empujen la acción pública hacia un resultado coherente e integrado en gobiernos multinivel.

¿Qué se trata de hacer? Pues de reconducir las conductas en lo que afecta a los modos de producir, pero también de vivir. Las viviendas requerirán reformas para ganar en eficiencia, los sistemas de calefacción han de ir sustituyendo el gasóleo, el transporte –público y privado– está inmerso en un proceso de transformación, las ciudades han de tender a convertirse circulares, las cadenas globales de valor se hacen más pequeñas, etc. Así pues, la inversión pública prevista en los planes de energía y clima, tiene que arrastrar y movilizar recursos de inversión privada y servir como elemento dinamizador –y no de apalancamiento– de la actividad, el empleo y la utilización de capacidad productiva ociosa, que en esta comunidad es mucha.

A modo de ejemplo, los incentivos para la mejora de eficiencia energética de las viviendas pueden generar efectos multiplicadores sobre el empleo y la producción local de elementos a instalar. Con una acción bien dirigida se consigue tanto reducir el consumo energético como impulsar la tecnología. Además, si las políticas activas de empleo se alinean, dejan de mirar por el retrovisor y se vinculan a la formación en los campos que demanda la nueva economía en el ámbito de la digitalización, la eficiencia energética, la economía circular, la logística, el análisis de datos, la domótica, el transporte no contaminante, etc., se conseguirá un capital humano con ventajas competitivas y preparado para incorporarse a puestos de trabajo bien remunerados y con futuro.

Esta ganancia de eficiencia productiva y energética tiene como consecuencia directa la liberación de recursos para la construcción de políticas sociales, ávidas de reformas estructurales importantes. Galicia, donde la cuarta parte de la población tiene más de 65 años –y una esperanza de vida que supera los 86 años en el caso de las mujeres y los 81 en el caso de los hombres– tiene ante sí el reto transformador del modelo socio-sanitario. No se trata de aumentar de manera indefinida los recursos, sino de modificar estructuralmente el sistema. Se camina indefectiblemente hacia un nuevo sistema integrado de salud. Esta reflexión lleva consigo la inconveniencia de tener fragmentadas determinadas consellerías como la de sanidad y servicios sociales, pero también la necesidad de crear una agencia de evaluación de eficiencia de los proyectos públicos. Tras el 12-J toca mover ficha.



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