La persecución del castellano
PEPE CASTRO · PERIODISTA
El final del año 2021 fue pródigo en numerosos episodios y alguno produjo en todo ciudadano de bien una sensación de tristeza democrática por el episodio en sí y por las implicaciones y consecuencias que se derivan de él.
Este es el caso del último capítulo referente a la lengua catalana. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impuso en 2020 un mínimo del 25 % de clases en castellano en los centros de la comunidad y, por tanto, tumba la inmersión lingüística de la Generalitat.
Conocido el dictamen del Supremo, el Gobierno catalán dijo que no cumplirá le sentencia. “El catalán en la escuela no se toca”, sentenció el presidente Aragonés. Es su decisión. No voy a recordar las sucesivas agresiones de la Generalitat al castellano, ni si corresponde obligar a cumplir la sentencia al Gobierno de España del que depende la Inspección del Estado, que se pone de perfil, o al Tribunal de Cataluña. Pero esa rebeldía contra la Justicia, que tiene graves consecuencias educativas, merece unas consideraciones que, por otra parte, son otras tantas obviedades.
Una. Como premisa de partida, es imposible entender el odio de los gobernantes de Cataluña a la lengua castellana que hablan 600 millones de personas en el mundo y la gran mayoría de los catalanes.
Dos. Si se preguntan por qué baja el uso del catalán después de tantos años de inmersión, la respuesta está en que ningún idioma, ni siquiera el catalán, se habla por la fuerza de la imposición. Tampoco el castellano se erradica de Cataluña por la fuerza de la persecución. Cuanto mayor sea la presión política, mayor será el rechazo de estudiantes y adultos que hablarán libremente la lengua que quieran.
Tres. Los escolares catalanes de hoy serán los dirigentes de la sociedad del mañana. ¿Con qué derecho les priva la Generalitat del aprendizaje y conocimiento del castellano, la lengua oficial de todos que van a necesitar en su vida profesional y social?
Cuatro. Esta inquina al castellano se explica por la cerrazón del necio-nalismo de los políticos catalanes que “viven mejor contra España y contra el castellano”. Hay que recordarles que, allende los mares, hay millones de personas que se expresan y desarrollan personal y profesionalmente en este idioma y que el catalán tampoco es el ombligo del mundo más allá de los Pirineos.
Cinco. No es la primera vez que el Gobierno catalán desobedece a la Justicia, la tercera pata del Estado de Derecho, sin que pase nada. Si ahora ocurre lo mismo, ¿cómo justificará esta insumisión el Gobierno de España, que es responsable de que se cumplan la legalidad?. ¿Tendremos todos ese mismo “derecho” a declararnos insumisos a las leyes?
“El poder autonómico –dice el escritor Juan Claudio de Ramón–, libra una larga campaña para que los catalanes dejen de vivir el bilingüismo como un activo en sus vida, legado de tradición, y basculen hacia una comunidad monolingüe… hacia el férreo monocultivo identitario”. Y va ganando gracias a las sucesivas inhibiciones de los sucesivos Gobiernos de España.
Una nota final: cuando concluía este comentario saltó la noticia del acoso y amenazas a la familia de Canet de Mar que pide que se cumpla la sentencia del TSJC. El independentismo está utilizando las formas del apartheid y del nazismo señalando e instigando a perseguir a una familia y a ¡un niño de 5 años!, una imagen demoledora para Cataluña. ¿Es esa la república fascista que quieren construir?
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