Proyecto de país para Galicia
JOSé ANTONIO CONSTENLA · CONCEJAL DEL CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Durante décadas, la Autopista del Atlántico, la AP-9, ha sido la arteria vital que conecta el norte y el sur de Galicia, desde Ferrol hasta Tui. Sin embargo, esa arteria late al ritmo de los peajes. Los gallegos pagamos uno de los precios por kilómetro más altos de España, por una infraestructura que no sólo es esencial para la movilidad, sino para la cohesión económica y social del país.
La AP-9, columna vertebral del territorio, concentra más del 40 % del tráfico de largo recorrido de Galicia y actúa como corredor de conexión entre los puertos atlánticos y las redes transeuropeas de transporte. Por ella circula la vida económica de las Rías Baixas, los flujos industriales de Ferrolterra y Vigo, el turismo del Camino de Santiago y la movilidad diaria de miles de trabajadores. Cada peaje es, en la práctica, una frontera interna que encarece los desplazamientos y fragmenta el mercado laboral y empresarial gallego.
Las oportunidades económicas de esta hipotética reversión son evidentes. La reducción sustancial o eliminación de los peajes podría suponer un impulso inmediato al consumo y a la competitividad. El descenso de los costes logísticos reforzaría sin duda la posición de nuestros sectores exportadores: automoción, pesca, textil o agroalimentario. Asimismo, se produciría una integración más efectiva con otras infraestructuras estratégicas, ferrocarril, red logística y puertos, favoreciendo un enfoque multimodal coherente con las directrices europeas del transporte sostenible. Todo ello contribuiría a consolidar a Galicia como plataforma atlántica de conexión con los mercados del norte de Europa, y en suma, a ser una comunidad más accesible y más atractiva para invertir.
Pero las oportunidades van más allá de la economía. Una AP-9 pública tendría un valor simbólico y social profundo. Estas mejoras no solo beneficiarían al tejido productivo, sino que permitirían a la administración autonómica reorientar la planificación territorial hacia un modelo más competitivo y sostenible. Se facilitaría la movilidad intercomarcal, ampliando los radios laborales y educativos y mejorando la accesibilidad de los municipios periféricos a los servicios urbanos. Esto cobra especial relevancia en un territorio tan fragmentado como el nuestro.
Algunos argumentan que el coste del rescate sería inasumible. Y es cierto que la operación tendría un impacto presupuestario relevante, pero también lo es que los fondos europeos y los mecanismos de transición ecológica ofrecen oportunidades que podríamos emplear para financiar infraestructuras estratégicas bajo criterios de sostenibilidad y servicio público.
Galicia no puede resignarse a que su principal autopista siga siendo una barrera económica. La AP-9 no es solo una cuestión de kilómetros y peajes. Es, sobre todo, una apuesta por la Galicia del mañana, más justa, más unida y más libre de circular por su propio territorio sin pagar por hacerlo.
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