Los otros, y cercanos, paraísos fiscales
Lo habitual es que popularmente se asocien los llamados “paraísos fiscales” con lugares exóticos y alejados, como las Islas Caimán, Delaware, Bahamas, Belice, las Islas del Canal, y otras jurisdicciones similares. Pero mucho más cerca existen otros “oasis” o “paraísos fiscales”. No son antiguas colonias, ni islas exóticas de escasa población, sino lugares cercanos, vecinos en algún caso.
Antes de nada debemos de distinguir al menos dos cuestiones sobre este tema, o dos tipos de “paraísos”. Por un lado existen las jurisdicciones que se utilizan para ocultar dinero a las administraciones fiscales, o de otro tipo, de su país de residencia –que son las que tendrían el derecho de conocer y gravar impositivamente su patrimonio y rentas mundiales–. Los motivos son, básicamente, no pagar los impuestos que corresponderían –entre otros, en el momento de generación por IRPF o Sociedades, por Patrimonio en algunos casos, o para evitar el pago del de Sucesiones o Donaciones–, o bien por el posible origen ilegal de esos fondos.
Este tipo de “paraísos” se caracterizan principalmente por su falta de transparencia y colaboración, ya que no comparten información con el resto de países, cuestión por suerte cada vez más complicada, especialmente desde los atentados del 11-S en Estados Unidos. Desde entonces la presión para evitar los flujos de dinero oculto a favor de terroristas ha sido tan importante que casi todos los países del mundo han firmado el acuerdo de intercambio de información (CRS), incluidos la mayoría de “paraísos fiscales”: Suiza, Bermudas, Caimán, etcétera.
Este nuevo estándar de “transparencia financiera internacional”, combinado con el famoso 720 (declaración de bienes en el extranjero) obligatorio desde 2013, ha creado durísimos y gravosos escenarios para muchos residentes que, por acción o por omisión, con mucha o ninguna intención, no han estado atentos, ni diligentes, con sus obligaciones tributarias.
Nuestro particular “oasis fiscal”
Pero lo cierto es que tenemos mucho más cerca de lo que parece, otros “paraísos” u “oasis fiscales” que poseen una fiscalidad muy ventajosa o supuestos de baja tributación que están provocando, en algunos casos, auténticas “deslocalizaciones” o migraciones de personas de rentas y patrimonios altos, que trasladan su domicilio y residencia a favor de estas jurisdicciones.
En el ámbito interno, la Comunidad Autónoma de Madrid es el ejemplo más claro y de moda en los últimos años. Y por la parte internacional el caso de nuestra vecina, querida y colindante Portugal, con su –entre otros– excepcional régimen para “residentes no habituales”.
En España la guerra fiscal entre las comunidades autónomas se remonta a 1997 cuando el Gobierno central permitió a los parlamentos regionales regular las tasas impositivas de los impuestos transferidos –fundamentalmente referidas al Impuesto de Patrimonio, y el de Sucesiones y Donaciones–. Todo ello ha derivado en una competición entre las comunidades por atraer contribuyentes, bajando los impuestos y, al mismo tiempo, contentar a los residentes, votantes esperan que agradecidos.
La Comunidad Autónoma que está centrando las mayores migraciones es la mencionada Madrid, gracias a la aún vigente exención total en el Impuesto de Patrimonio, y a la reducción del 99 % tanto para Sucesiones como Donaciones a favor de los familiares directos (hijos, padres, cónyuge). Su cercana y céntrica situación, así como su innegable dinamismo, hacen que sea una competencia difícil –para muchos desleal–, a la hora de convertirse en la residencia habitual de pequeñas, medianas y grandes fortunas provenientes del resto de comunidades y de otros países.
Esta continua migración de familias acomodadas ha sido probablemente otro motivo más para el elevado crecimiento del valor de los inmuebles en Madrid, especialmente en las mejores ubicaciones, que ha conseguido que los precios se sitúen ya por encima de los máximos pre-crisis.
Insostenible desigualdad territorial
El debate obvio son las desigualdades que generan estas situaciones, en el caso portugués entre “habituales” y “no habituales” y en el caso de España por la legislación independiente y cambiante de cada autonomía.
La actual debería de ser una situación insostenible, que se resolviera con un acuerdo entre todas las administraciones implicadas que evitara deslocalizaciones artificiosas, conflictos entre territorios y las clarísimas desigualdades vigentes. Pero estos cambios necesitan una dosis de generosidad y bondad política difícil de conseguir en estos momentos.
En España el diagnóstico de la situación, así como los cambios que se deberían de realizar ya se analizaron, trataron y expusieron por el comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda que presentó el conocido como “Informe Lagares”: 444 páginas y 270 cambios tributarios concentrados en 125 propuestas. Presentado en marzo del 2014, sin efectos notables hasta la fecha y nulos respecto al Impuesto de Patrimonio –que el informe recomendaba eliminar–, y sobre el de Sucesiones y Donaciones –simplificación y tributación mínima generalizada para todo el territorio).
Lo dicho, existen oasis fiscales muy cercanos, tanto como Madrid, Porto o Lisboa. La fama mediática la llevan Suiza, Bahamas, Irlanda o Luxemburgo, pero en la lucha por atraer a los grandes patrimonios, quien más quien menos intenta de manera más o menos acertada –y en los casos expuestos siempre legal–, persuadir a un perfil de ciudadanos acaudalados para que residan habitualmente en su territorio.
(Extracto del reportaje publicado en el número 322 – marzo 2018)
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